La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela llevará a cabo la conformación de cinco mil 338 Circuitos Comunales, con el objetivo de optimizar el rol del Poder Comunal en la administración de recursos.
Esta iniciativa surge tras los fondos asignados para los proyectos aprobados en la segunda Consulta Popular Nacional, realizada el pasado 27 de abril.
El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, destacó la importancia de este plan durante su participación en el programa multiplataforma “Con Maduro+”.
Informó que, a solicitud de muchas Comunas, se implementará un acompañamiento para la formación de los miembros de los Circuitos Comunales en contraloría social.
“Nadie podrá decir ante la opinión pública que los recursos y el dinero son mal administrados”, afirmó Prado, resaltando la necesidad de certificar la solvencia moral de las Comunas ante la Contraloría General.
Universidad de las Comunas: Un espacio para el aprendizaje
Además, el plan de formación se extenderá a la Universidad de las Comunas, donde se incorporará una materia relacionada con la contraloría social.
Prado subrayó que en la reciente Consulta Popular Nacional participó un importante número de jóvenes, quienes priorizaron proyectos que benefician a sus comunidades.
Esta participación refleja un cambio generacional en la gestión comunitaria, promoviendo un compromiso real con el desarrollo local.
Una nueva consulta popular en el horizonte
El presidente Maduro reafirmó el compromiso del gobierno con la participación ciudadana al anunciar que el 27 de julio se llevará a cabo la tercera Consulta Popular Nacional.
Durante este evento, las comunidades podrán votar por nuevos proyectos enfocados en la juventud, consolidando así un ciclo de seis consultas que fomentan la democracia participativa y la inclusión social.
La creación de los Circuitos Comunales y la formación en contraloría social refuerzan el compromiso del Gobierno Bolivariano con la transparencia y la participación ciudadana, consolidando las bases de una gestión comunal que prioriza el bienestar social y la justicia económica.
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